ANTE LAS ELECCIONES
LOCALES Y AUTONOMICAS 2015, LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS FIRMANTES
REIVINDICAMOS
NO A LA
AUSTERIDAD, SÍ A LA IGUALDAD
El 24 de mayo de 2015, además de elegir más de 64.000 cargos - que deben ser
paritarios de mujeres y hombres- de 8.111 ayuntamientos, 7 cabildos, 3 consejos
insulares y 3 diputaciones forales, y a 866 diputadas y diputados de 13
comunidades autónomas, elegimos cambiar o seguir con un modelo de desempleo
para 5,4 millones de personas, el 48% mujeres (desde 2011 se han destruido
980.500 empleos, el 39% de mujeres, de
ellos 381.000 públicos, el 57% de mujeres), de venta de bienes públicos, de
recorte de la educación infantil y la atención a las personas en situación de
dependencia, de aumento de la desigualdad y la pobreza, de desahucios e
infraviviendas, de violencia de género.
Las Comunidades Autónomas gestionan el 34% del gasto
público en España, en particular la sanidad, la educación y los servicios
sociales, y los Ayuntamientos tienen el 95% de los cargos de elección directa, gestionando hasta ahora el 13% del gasto
público, pero perderán la competencia en servicios sociales, educación
infantil, atención a mayores y a víctimas de violencia de género y políticas de
igualdad - que representan el 0,005% del Presupuesto del Estado central, 0,09%
de los autonómicos y 0,24% de los de los ayuntamientos- y en fin, la
posibilidad de responder a las necesidades y demandas de su ciudadanía, si no
logramos que se derogue la Ley 27/2013 de reforma del Régimen Local.
Las organizaciones feministas abajo firmantes, desde
la autonomía, exigimos a todos los partidos y candidaturas:
1.- EN LAS ELECCIONES LOCALES:
Municipios
activos en el reparto igualitario del empleo y los cuidados
·
En
su política de personal, con plan de igualdad; en sus contratas y en la
atención a sus vecinas y vecinos: políticas de formación y de fomento de la
contratación y la iniciativa económica de las mujeres.
·
Servicios
de educación infantil de 0 a
3 años; comedores escolares y compatibilidad de horarios y calendario escolar
con el laboral de las madres y padres.
·
Atención
a la Dependencia: servicios profesionales de ayuda a domicilio, centros de día
y residencias asistidas. Reconversión profesional de cuidadoras familiares y
empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.
·
Lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
Democracia
paritaria y participativa
·
Selección
de candidatas y candidatos por capacidad y mérito en igualdad, sin estereotipos
de género como la eterna juventud y la belleza de las mujeres y la experiencia
e inteligencia de los hombres.
·
Equilibrio
de mujeres y hombres en las candidaturas, incluyendo las de municipios con
menos de 3.000 habitantes, con listas cremallera, encabezadas al 50% por
mujeres.
·
Paridad
en el reparto post electoral de cargos: alcaldías, juntas de gobierno,
concejalías delegadas y direcciones de servicios.
·
Acceso
general, efectivo y no manipulado de las y los inmigrantes al derecho al voto
local.
·
Consejo
de participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y
reivindicativo.
·
Presupuestos
participativos con perspectiva de género.
·
Comisión
de la Mujer de la FEMP que impulse impulsar las políticas locales de igualdad y
las represente en la Conferencia Sectorial de Igualdad, junto al Estado y las
CCAA.
Compromiso
político con la promoción de la igualdad, transversalidad
·
Aplicar
la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local de 2006.
·
Concejalía
de Igualdad de la Mujer, Agentes de Igualdad, y Plan Local de Igualdad aprobado
por Pleno, previa consulta ciudadana y a las ONGs de mujeres, con calendario y
recursos políticos, humanos y materiales apropiados, con difusión y evaluación
regular y pública de su aplicación.
·
Promoción
transversal de la igualdad en su política de urbanismo, vivienda, educación,
servicios sociales, seguridad, transportes públicos, empleo, sanidad y cultura
sin estereotipos sexuales.
·
Fomentar
el deporte no competitivo y la actividad física en chicas, adultas y ancianas
Violencia de Género:
· Suficiencia, continuidad y
transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para
la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a
las víctimas en todo el territorio.
· Que se reponga la participación
municipal en los Consejos escolares de
Centro eliminada por la Ley 27/2013 y contribuya a su plan de prevención de
la violencia (art.8 Ley 1/2004).
· Efectividad de las medidas de empleo
(art. 22) ayudas sociales (art.27) y de vivienda (art. 28 Ley 1/2004).
· Combatir la precariedad laboral,
jurídica y social de inmigrantes y nacionales, que incrementa la
vulnerabilidad. Puesta en marcha y aplicación del Convenio de Estambul del
Consejo de Europa.
Urbanismo, vivienda,
gestión de lo público y de los recursos naturales
Como
dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las administraciones públicas
han contribuido a la burbuja inmobiliaria promoviendo la vivienda en propiedad
y marginando la vivienda en alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la
ley de arrendamientos urbanos, las hipotecas a 50 años, la inexistencia de un
parque público de alquiler y la falta de control y restricción del crédito, han
empujado a millares de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades
para acceder a una vivienda. Aunque el Poder Judicial no desglosa por sexos la
cifra de cerca de 235.000 desahuciados de 2011 a 2014, la percepción es que las
mujeres mayores y las nacionales o inmigrantes solas con hijos llevan la peor
parte. Pedimos:
· Convertir el parque de viviendas
hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Establecer
por ley la dación en pago y que la hipoteca no supere el 30% de los ingresos de
la persona o familia, ni 20 años.
· Fomentar una oferta plural de
vivienda, con modelos variados que se adecuen a necesidades diferentes y
cambiantes, con atención especial a las familias monoparentales y a la
emancipación de los jóvenes.
· Eliminar barreras arquitectónicas:
cumplir la Ley 51/2003 de accesibilidad de las personas con discapacidad.
· Ordenar la ciudad para los peatones,
en su mayoría mujeres; mezclar los usos urbanos, apoyando la diversificación de
actividad en todo el territorio y evitando áreas segregadas por sexos, edades y
clases; fomento de los espacios públicos como foro de relación, que refuercen
el sentimiento de vecindad y pertenencia y revitalicen la interacción social;
mejora del sentimiento de seguridad manteniendo espacios públicos transitados y
cuidados, accesibles, iluminados y abiertos.
· Servicios de proximidad y centros
polivalentes para ayudar a conciliar la vida familiar, personal y laboral.
· Gestión pública, participativa, con
perspectiva de género y criterios de sostenibilidad del agua y el
abastecimiento de alimentos, el territorio y el patrimonio, preservando los
bienes públicos; la recogida de basuras, la limpieza viaria y el transporte.
2.- EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Salud
·
Evaluar,
con participación de las asociaciones de mujeres, el impacto de género de tener
un gasto sanitario público inferior a la media europea (5,8% del PIB frente al
7,2%).
·
Programas
de atención al impacto en la salud
física y psíquica de las mujeres de la asignación del cuidado de dependientes y
personas enfermas, la contaminación ambiental, la violencia de género, la especial
vulnerabilidad de discapacitadas, inmigrantes, rurales y ancianas, incluidas
las institucionalizadas, el incremento injustificado de la cirugía estética y
la tiranía de la moda y la belleza.
·
Detección precoz del cáncer de mama y ginecológico con cobertura
universal (100%)
·
Acceso
de todas las mujeres, incluidas las jóvenes e inmigrantes, a todos los métodos anticonceptivos: preservativos,
diafragma, DIUS y anticonceptivos de última generación. Píldora de emergencia
en todos los centros de atención primaria y urgencias.
·
Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a
los principios de la OMS 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la
Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985. Garantizar el acceso igualitario de
mujeres lesbianas y solas a los tratamientos de fertilidad e inseminación artificial
en la sanidad pública. Reducir las cesáreas
y los partos inducidos. Adecuar la preparación al parto a horarios de las
trabajadoras. Detectar y atender la violencia de género durante el embarazo y
puerperio. Universalizar el permiso pagado por maternidad de 16 semanas
(Convenio 183 OIT).
·
Garantizar
la cobertura por la sanidad pública –hospitales,
centros de especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto
farmacológico- de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Evaluar la atención,
pública o privada, a la menopausia,
la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis con
criterios de la Agencia Nacional del Medicamento.
·
Moratoria
de la vacuna del Papiloma Virus Humano.
·
Atender
con perspectiva de género el aumento del hipotiroidismo, enfermedades
autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia,
anemias y violencia sexual.
·
Prevención
de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, centros
deportivos y piscinas accesibles a la
población con menores recursos económicos.
·
Personal
de enfermería y medicina en Atención primaria con 1.200-1.500 personas por
profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o.
·
Estructura
de distrito para coordinar el apoyo sanitario y social a víctimas de violencia
de género.
·
Reforzamiento
de los servicios de salud mental con perspectiva de género
Educación
·
Plan
de formación permanente del profesorado para la coeducación y la educación para
la igualdad, como Asturias y Cataluña, que garantice la universalidad y
obligatoriedad de dicha formación. Atención especial a las especificidades
sobre formación en Igualdad de los Servicios de Inspección Educativa, Equipos
Directivos y Profesorado Tutor.
·
Revisión
en clave coeducativa del currículum de todas las etapas. Impulso transversal a
la Educación en Valores, en especial la Educación para la Igualdad. Educación
en derechos sexuales y reproductivos.
·
Plan
para la igualdad obligatorio y contra la violencia en cada Centro Escolar, con
persona responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos
educativos.
·
Cobertura
de la demanda y accesibilidad económica de la educación infantil pública,
especialmente de 0 a
3 años, que actualmente sólo cubre al 44%.
Ley de Dependencia
El número de personas atendidas por la
Ley 39/2006 de atención a la dependencia ha menguado un 3,25% en los primeros
11 meses de 2014. Son 729.313 personas, 24.529 menos que en 2013 y 9.274 menos
que en 2011. Las personas con dependencia moderada, que debían ser atendidas
desde 2012, han sido excluidas hasta el 1 de julio de 2015.
·
Tramitar
en 3 meses las prestaciones. Actualmente ¼ tiene esperas de más de 1 año.
·
Que
la paguita a la cuidadora familiar sea excepcional, según el art.18, no la
prestación mayoritaria actual (41,5%), porque perpetúa el cuidado por las hijas
y mujeres de la familia, ha perdido la seguridad social y se aplica en detrimento
de los servicios públicos y profesionales de ayuda a domicilio, asistente
personal, centro de día o residencia.
·
Eficacia
del derecho subjetivo universal, que se está sustituyendo por un sistema
marginal.
·
Combatir
activamente la discriminación de las personas por lugar de residencia, que hace
que la cobertura oscile de más del 2% de la población en Castilla y León y
Cantabria a menos del 1% en Canarias (0,6%), y C. Valenciana (0,8%).
·
Reconversión
profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con
derechos laborales plenos.
·
Participación
de las asociaciones de mujeres en su seguimiento.
Políticas activas de reparto igualitario del empleo
·
En
su propia política de personal, con plan de igualdad, y en sus concursos y
contratos administrativos.
·
Políticas
igualitarias de formación, fomento de la contratación y la iniciativa económica
y en la protección por desempleo.
·
Lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
Democracia
paritaria y participativa. Transversalidad
·
Equilibrio
de mujeres y hombres en las candidaturas con listas cremallera, encabezadas al
50% por mujeres. Paridad en los órganos de gobierno y de alta administración.
·
Fortalecimiento
del organismo autonómico de igualdad (al menos Instituto o Direccion General)
·
Planes
de Igualdad continuados, con objetivos concretos y evaluación transparente y
participativa
·
Participación
de los Consejos de Mujeres (estatal, autonómicos y locales) en el seguimiento
de estas políticas. Creación de Consejos autonómicos en las CCAA que no los
tienen.
Violencia de género.
·
Suficiencia,
continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación
estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de
vivienda a las víctimas en todo el territorio.
·
Un
mínimo de tres campañas anuales de prevención y sensibilización, informando los
derechos de las mujeres en sus relaciones de pareja y en la separación o
divorcio.
·
Extender
a todo el profesorado de preescolar, colegios e institutos la formación obligatoria
en promoción de la igualdad y contra la violencia género.
·
Formación
especializada a profesionales de los medios de comunicación, y seguimiento para
evitar la utilización de los testimonios de las víctimas con fines
sensacionalistas. Que los medios de comunicación públicos difundan
periódicamente, datos estadísticos de las sentencias condenatorias y de
agresores en prisión, para combatir la sensación de impunidad.
·
Mejora
en la formación del personal judicial, dada la tendencia constatada a la
minimización de la entidad de las agresiones y de la valoración del riesgo e
igualmente para exigir el máximo rigor en la investigación de las causas y en la
suspensión de las condenas que no debe ser de aplicación automática como para
el resto de delitos y debe ir en su caso acompañada de una valoración previa
del riesgo
·
Programas
específicos de prevención de la violencia de género en adolescentes dentro del
horario lectivo.
·
Exigir
especialización en materia de violencia de género y estabilidad en el empleo a
las/os profesionales de los equipos multidisciplinares de valoración Mejora en
la formación del personal de atención psicológica y equipos psicosociales de
los Juzgados en especial para prevenir el uso del pretendido Síndrome de
Alineación Parental.
·
Reversión
de los cierres de Puntos de Encuentro Familiar, ante la escandalosa espera para
hacer efectivos los regímenes de visitas y el correcto desarrollo de los
encuentros paternofiliales de menores.
·
Dotación
de suficientes dispositivos de seguridad de teleasistencia, con pulseras para
todas mujeres con riesgo medio – alto (no exclusivamente extremo) de sufrir
nuevas agresiones y siempre para las afectadas por incumplimientos de la Orden
de Protección incoados.
·
Elaboración
de informes periódicos de control de la efectividad y cumplimiento de las
medidas de seguridad por los servicios existentes o por nuevas unidades
específicas para el seguimiento de los servicios de teleasistencia y pulseras
GPS, a fin de verificar su funcionamiento y su impacto positivo en la
prevención y detección de los quebrantamientos.
Febrero de 2015
Fórum de Política Feminista
Asociación Feminista Leonesa Flora
Tristán
Asociación para el Desarrollo Integral
de la Mujer Mercedes Machado. Tenerife
Asociación Nosotras Mismas. Chamberí
Federación de Asociaciones de Mujeres
de la Comunidad de Madrid (FAMCM)
Asociación Derechos Humanos de las
mujeres y desarrollo (DEHMUDE).
Comité reivindicativo y cultural de
lesbianas (CRECUL)
Comité de culturas lesbianas (CRECUL, Madrid)
Plataforma de mujeres en la diversidad
de la Comunidad de Madrid
ADIBS. Associació de Dones de les
Illes Balears
ANDREA, de Navarra
CEIM. Centro de Estudios e Investigación
sobre Mujeres
Federación de Asociaciones de Mujeres
Sol Rural
Fórum de Política Feminista de Málaga
Secretaria Mujer de Ezkerra-Berdeak
